jueves, 28 de febrero de 2008

Ser un deportista de alto nivel, toda una hazaña

Foto: Violeta. Juegos Universitarios Nacionales. Cartagena.

Por: Violeta.

Es muy temprano, el cielo está oscuro. Suena el despertador, son las 4:30 de la mañana y Paola, de 23 años, se prepara para ir a entrenar. Se pone su vestido de baño, echa a un morral la toalla, el gorro y las gafas, elementos necesarios para su práctica diaria. Ella es una de las tantas jóvenes que día a día hacen del deporte su vida, en este caso la natación.

Desde hace 12 años sus días transcurren entre la piscina, el estudio y su casa, a pesar de ser muy joven, le queda poco tiempo para divertirse y realizar las actividades cotidianas de una chica de su edad. Incluso, si no fuera por el apoyo de sus padres y de la Universidad donde realiza sus estudios de Ingeniería Industrial, sería muy difícil mantener el ritmo de trabajo y la disciplina que se le exige para mantener su nivel competitivo.

Hace parte de la selección Colombia, ha representado a su departamento en diferentes campeonatos, recorrido todo el País de piscina en piscina, acumulando medallas y trofeos que exhibe orgullosa en una de las paredes de su cuarto. “Realmente es muy complicado alcanzar un alto nivel de rendimiento en este deporte y en cualquier otro creo yo, es más, si uno se pone a comparar las marcas requeridas en campeonatos mundiales, por ejemplo en los Olímpicos, vemos que los nadadores colombianos estamos bien atrás”, comenta Paola.

Al preguntarle sobre cuáles considera que son las limitantes que los deportistas tienen para codearse con los mejores del mundo responde: “Pues yo creo que no tenemos el mismo apoyo que se le da a los deportistas en otros países, uno que ha viajado y charla con otros nadadores ve que el gobierno los ayuda mucho económicamente, ha habido muchos viajes que mis papás me han tenido que costear, pero no solo así, sino por ejemplo también en la parte de la educación, ser el mejor estudiante y a la vez el mejor nadador no es nada fácil, claro hay algunas universidades que si le ayudan a uno con la matrícula y le reconocen el esfuerzo, pero la mayoría ni siquiera con lo académico le recompensan a uno nada, yo practico dos veces al día, y cuando tenemos un campeonato fuera del País nos toca concentrarnos en otra ciudad solo entrenando a veces hasta por 6 meses, no es fácil”.

Y es así, en Colombia el apoyo que se les da a las y los jóvenes deportistas es bastante endémico. Los escenarios deportivos están en muy mal estado, no hay, en la mayoría de ciudades del País, la infraestructura física necesaria para incentivar la práctica de cualquier disciplina deportiva, y muy a pesar de las ensoñaciones del Vicepresidente Francisco Santos, ni siquiera los estadios de fútbol, el deporte más popular en Colombia, están preparados para la realización de un evento de gran magnitud como lo es un Mundial.

Por ejemplo, para la preparación de los deportistas, 53 en un total de 12 disciplinas, que representarán al País en los juegos Olímpicos de Beijing que comenzarán en agosto de este año, el gobierno le destinó entre 2007 y 2008 un total de 11 millones de pesos a Coldeportes quien firmó convenios con las diferentes federaciones deportivas nacionales para el apoyo al desarrollo deportivo.

En Medellín, Cali y Bogotá es donde mayor inversión y apoyo tiene el deporte, la mayoría de deportistas de alto rendimiento que existen en el País y que integran las selecciones de Colombia están en su mayoría compuestas por personas de estas ciudades. En la Costa Caribe, Cartagena es la ciudad que mejor infraestructura tiene, la realización de los Juegos Centroamericanos en el 2006 la dejó dotada con excelentes instalaciones, las cuáles en la actualidad están siendo subutilizadas y en proceso de deterioro. Deterioradas se encuentran los escenarios del resto de ciudades costeñas, en donde practicar algún deporte es toda una hazaña.

En términos generales se puede plantear que no hay una política clara de fortalecimiento, estimulo y fomento de la actividad deportiva, la recreación y el bienestar de la juventud colombiana; el deporte sobrevive gracias a los sacrificios personales de quienes los practican, que en muchas ocasiones deben recurrir a préstamos, abandonar sus estudios, y múltiples marañas financieras para poder sostenerse.

Casos como el de Paola, hay muy pocos, no todos los jóvenes tienen la capacidad económica para mantener el nivel de entrenamiento, el pago de mensualidades para pertenecer a un club deportivo adscrito a una liga, en fin, todo lo que se necesita para entrenar.

“Yo creo que mensualmente me está costando entre cien mil y ciento cincuenta mil pesos mi entrenamiento, si no es más, he conocido muchos pelaos que hacen de tripas corazón para poder entrenar. No creo que esto esté bien, de una u otra forma considero que el deporte contribuye a mejorar el País, y es por eso que se le debiera dar la importancia que se merece, después de todo es mejor que los jóvenes estén en una cancha o en una piscina siendo los mejores deportistas y recibiendo el apoyo del gobierno y no robando porque no tienen para comer”, señala Paola, mientras se baja del bus que la lleva todos los días al complejo acuático acá en Cartagena, donde entrena de 5 a 6 de la madrugada y de 4 de la tarde a 8 de la noche.

lunes, 18 de febrero de 2008

La Comunidad tenía razón. A 3 años del asesinato, Día de la Dignidad el 21 de Febrero.

Paras y militares habrían actuado juntos en la masacre de San José de Apartadó. Tanto, que la semana pasada fue capturado un capitán del Ejército.

En febrero de 2005, cuando la comunidad de paz de San José de Apartadó dijo que miembros del Ejército habían participado en la masacre de la vereda La Resbalosa, donde dos familias fueron cruelmente asesinadas, casi nadie les creyó. Resultaba increíble que miembros de las Fuerzas Armadas hubiesen participado en el crimen de siete campesinos, de ellos tres eran niños, dos de los cuales fueron degollados, y el otro, decapitado. Pocos les creyeron, porque las Fuerzas Armadas intentaron demostrar que sus hombres no estaban en el sitio de los hechos, y más bien echaron a rodar la versión de que las denuncias de sus voceros, Gloria Cuartas y el padre jesuita Javier Giraldo, hacían parte de la 'guerra política' que supuestamente desarrolla la guerrilla contra las instituciones.
Pero tres años después, parece que la justicia empieza a demostrar que la comunidad tenía razón. El pasado miércoles, un fiscal de la unidad de derechos humanos le dictó medida de aseguramiento al capitán del Ejército Guillermo Armando Gordillo Sánchez por ser coautor de homicidio, concierto para delinquir y terrorismo. Gordillo era el oficial a cargo de la compañía Alacrán, adscrita a la Brigada XVII con sede en Urabá. Él y sus hombres patrullaban en la región cuando ocurrió la masacre. Y aunque ante la Fiscalía aún alega su inocencia, los testimonios y las pruebas que lo incriminan son bastante contundentes.
El relato de un paramilitar desmovilizado se convirtió en la pieza clave para armar el rompecabezas de este caso, que es uno de los que más atención internacional han suscitado. Adriano José Cano Arteaga era un patrullero del grupo Héroes de Tolová, que pertenecía a 'Don Berna' y operaba entre Córdoba y Urabá, y que al momento de la masacre no se había desmovilizado. Cano asegura que un paramilitar conocido como '44' fue quien dirigió la masacre y que otro conocido como 'Pirulo' fue quien degolló a los niños. Los paramilitares estaban, según el relato, junto a unos 50 soldados al mando del capitán Gordillo, quien se habría quedado "asegurando un monte" mientras los paramilitares se adelantaron para cometer el crimen.Primero mataron a Luis Eduardo Guerra, reconocido líder de la comunidad de paz; a su hijo Deyner Andrés Guerra, de 11 años, y a Beyaniera Areiza. Después de matarlos con machetes, dejaron sus cuerpos tirados en la montaña. Después mataron a Alfonso Bolívar Tuberquia; a sus hijos Natalia (de 5 años) y Santiago (de 2 años); a su esposa, Sandra Milena Muñoz, y a un trabajador de la finca llamado Alejandro Pérez.
Los cuatro primero murieron también a machete. Los niños, según reza la necropsia, "por degüello con arma blanca".Según el paramilitar, Gordillo le habría comentado a otro miembro de las autodefensas que '44' le había hecho "una cagada" al haber matado a estas personas en su jurisdicción.Extrema gravedad ¿Por qué ocurrió esta masacre? ¿Estaba planeada? ¿Hubo encubrimiento? Al parecer, la investigación aún no arroja respuestas a estos interrogantes. Pero hay hipótesis de los investigadores que apuntan a establecer que los terribles hechos habrían sido motivados en retaliación por un ataque de las Farc contra el Ejército que dos semanas antes les había costado la vida a 17 soldados en Mutatá.
Expertos en criminalística aseguran que el modus operandi de esta masacre no sólo denota odio, sino la intención de enviar un mensaje de terror a los demás miembros de la comunidad. A pesar de que la medida de aseguramiento no implica de por sí que el capitán Gordillo sea culpable, fuentes de la Fiscalía le han asegurado a SEMANA que la investigación en su conjunto apunta a que los militares actuaron como coautores del crimen. Las implicaciones nacionales e internacionales de este crimen son enormes. Por un lado, este se constituye en una de las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años. Especialmente porque esta comunidad, que se había declarado neutral frente al conflicto, tenía medidas cautelares que obligaban al Estado colombiano a protegerla de manera especial. Si se demuestra que aquellos que tenían la misión de brindarle seguridad -los militares- fueron coautores del crimen, la sanción para el país en el escenario internacional no se dejará esperar.
Pero la Fiscalía no sólo parece darle la razón a la comunidad en cuanto a la masacre. Los testimonios de varios paramilitares, incluido Cano, dejan en evidencia lo que las ONG han advertido, que los militares han realizado operaciones conjuntas con paramilitares, especialmente en Urabá. El Ministerio de Defensa le ha dado todo el apoyo a la Fisalía e insiste en la necesidad de garantizarle el debido proceso del capitán Gordillo.Más allá de las sanciones que pueda sentir el Estado colombiano por este hecho, las Fuerzas Armadas requieren una profunda reflexión sobre dos aspectos cruciales: la estigmatización de las comunidades de paz, y los mecanismos de control y seguimiento de sus tropas.En algunos sectores de las Fuerzas Militares se señala en voz baja a las comunidades de paz y a muchas ONG como mamparas de los grupos armados. Ha hecho carrera el término de 'guerra política' para denominar en muchos casos las denuncias que legítimamente y por medios legales hacen las comunidades.
El riesgo de la estigmatización es que muchos oficiales terminen considerando, equivocadamente, que pueden recurrir a métodos criminales para combatir a un supuesto enemigo. En cuanto al control a sus tropas, vale la pena recordar que desde hace más de una década, distintas fuentes -incluso militares- han llamado la atención sobre la connivencia de miembros de la Brigada XVII con los paramilitares. Las investigaciones internas, sin embargo, nunca arrojan resultados. Si el capitán Gordillo y otros militares resultan culpables de este crimen, las Fuerzas Armadas enfrentarán una de las mayores vergüenzas de su historia.

viernes, 15 de febrero de 2008

¿POLARIZACIÓN? NO, EN COLOMBIA SOLO HAY GENTE DE BIEN

“¿Por qué no obedeció?” Le preguntó el capitán al médico, y este le responde, “es que obedecer por obedecer, así sin siquiera pensarlo, solo lo hacen personas como usted Capitán” Acto seguido, mientras el médico se aleja, el hombre vestido de militar, saca su pistola y lanza un tiro certero que ocasiona la muerte del doctor.

miércoles, 13 de febrero de 2008

PDA rechaza desalojo en Pasacaballos. Cartagena

La coordinadora Departamental del Polo Democrático Alternativo rechaza, de manera enérgica la forma brutal en que fueron desalojados las 300 familias que vivían en el sector Herlinda Moisés en el corregimiento de Pasacaballos el pasado lunes; la acción fue desarrollada por 480 policías, 250 antimotines, y que contó con la colaboración de funcionarios de la Alcaldesa Judith Pinedo.

Es inconcebible que mientras en Cartagena en los barrios de estrato alto y en la zona norte se estén levantando grandes edificios para que los sectores pudientes del país puedan venir a recrearse, cientos de miles de cartageneros, como los de pasacaballos tienen que librar una lucha diaria para conseguir un lugar para construir un techo casi siempre en unas condiciones deplorables y cuando lo consiguen, este Estado indolente utiliza todo el poder de la fuerza publica y de sus funcionarios para desalojarlos.

La vivienda es un derecho fundamental de todos los colombianos sin excepción; comenzó muy mal la alcaldesa en aprobar una medida tan detestable como la de perseguir a los pobres de esta ciudad en menos de 45 días de posesionada, por el único “delito” de haber construido un cambuche donde refugiarse, lo que demuestra que no existe una sola Cartagena. Incluso pasó por encima del Personero Distrital que pidió la ubicación de los desalojados y la garantía de una vivienda digna

El Polo respalda la lucha de los habitantes de pasacaballos como la del barrio 3 de Julio y de la Boquilla por el derecho a la vivienda, rechaza la brutalidad de la fuerza pública y le exige a las Autoridades Distritales que se abstengan de tomar medidas como la anterior.

El 6 de marzo marcharemos con las víctimas, Contra los victimarios y su gobierno

Jaime CaycedoSecretario General del PCC

El predio Carimagua, en el departamento del Meta, será entregado en licitación a grandes empresarios terratenientes y no a los campesinos desplazados. Asombra la insensibilidad social del ministro de agricultura y del presidente Uribe.

Para ellos, primero está el agronegocio. En último plano, las víctimas de la violencia y el narcoparamilitarismo. Por lo demás, nada de raro tiene que los adjudicatarios licitantes sean testaferros. Ya el Incoder se vio obligado a rectificar adjudicaciones a testaferros de los victimarios. Estamos en plena ejecución del Estatuto Rural, aprobado por el parlamento, el año anterior.

Uribe aspira a una segunda reelección y ese va a ser el centro de su preocupación en lo que resta de este mandato. Quienes marcharon el 4 de febrero agregaron una cucharada de sal y otra de dulce a este propósito. Quienes lo hicieron sin pensar en el reeleccionismo deben pensarlo bien ahora, para la próxima vez. Aquí no se puede parafrasear aquello de que “nadie sabe para quién marcha”.

Pero la mayor parte se engañaron doblemente. Sirvieron, a posteriori, al proyecto de una segunda reelección, bajo el auspicio del flamante partido de la U, fundado por los áulicos de Uribe. Y también lo hicieron, en definitiva, por un gobierno que se empeña en reivindicar, estimular, enriquecer y legitimar a los victimarios. Esto, no deben olvidarlo.

Entre tanto, el campesinado pobre, los sin tierra, los desplazados, claman por una redistribución democrática de la tierra, en contra de una reconcentración de la misma en manos de monopolistas. La tierra a quienes la trabajan, es su consigna. Ellos pueden generar producción y empleos, en mayor escala y con mejor direccionamiento social que los agro combustibles que exige de nuestros campos el imperio.

El 6 de marzo marcharemos con las víctimas. Contra los victimarios y su gobierno.
jaimecaycedo@hotmail.com
Bogotá, febrero 12 de 2008

jueves, 7 de febrero de 2008

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DEL DESALOJO DE 300 FAMILIAS EN PASACABALLOS?

Foto: Aroldo Mestre. El Universal


Pasacaballos, un corregimiento de la ciudad de Cartagena, aledaño a la zona industrial de Mamonal, es escenario hoy de uno de los más comunes episodios de los 2 millones de habitantes que viven en la pobreza o en la miseria en Colombia, el desalojo.

SILENCIOS OFICIALES

Ramiro Bejarano, El País, Cali, febrero 6 de 2008

La resolución de acusación contra Jorge Noguera, ex director del DAS, por vínculos con el paramilitarismo, en términos políticos lo es también contra el presidente Uribe y su gobierno. Que el jefe de la inteligencia civil termine involucrado en delitos tan graves, como poner la institución al servicio de una causa criminal, no es un hecho aislado. Es la demostración de que todo lo que pasó durante los años de Noguera en el DAS, reflejó la ideología del uribismo. Resulta impensable que Noguera haya puesto el DAS a la orden de unos ‘paracos’ y que nada de eso lo hubiese conocido el presidente Uribe.
Sorprende el silencio del Gobierno, que aún hoy no se ha atrevido a desautorizar las censurables conductas por las que deberá responder penalmente Jorge Noguera. Sospechoso que un gobierno que se ufana de combatir la corrupción, en este caso no sólo no haya abierto la boca, sino que, por el contrario, en su momento premió a Jorge Noguera enviándolo como cónsul a la deliciosa y pujante Milán. En nombre del Partido Liberal hice parte de la comisión ad hoc que integró el Gobierno para analizar las causas y probables soluciones a la crisis que se presentó en el DAS y por ello doy testimonio de que cuando el presidente Uribe nombró a Noguera en el servicio diplomático, ya conocía la evaluación preliminar sobre los orígenes de las dificultades en esa agencia de inteligencia, que estaban relacionadas precisamente con el paramilitarismo. Que a sabiendas de eso el Mandatario lo hubiese nombrado en Milán, no fue un olvido, ni siquiera una ligereza, sino un imborrable acto de complicidad.
Como aquí nadie quiere recordar lo que es preciso no olvidar, es bueno refrescar que el anterior embajador estadounidense anunció que si el caso de Jorge Noguera tomaba el rumbo que ahora tiene, ello sería muy grave para las relaciones entre su país y Colombia. El Gobierno, que suele sacar pecho con las declaraciones en su favor del embajador y de uno que otro senador norteamericano, esta vez se ha hecho el de la vista gorda y ha preferido ignorar la terrible pero cierta admonición de William Wood.
Los empresarios que andan estresados con la aprobación del TLC, deberían estarlo también por este suceso judicial que parece no importarles a ellos, porque creen que al único que afecta es a Noguera, cuando amenaza sus intereses y los del país. Ciertamente, entre las varias acusaciones a Noguera está la de haber elaborado listas de sindicalistas, en una de las cuales estaba el profesor Alfredo Correa d’Andreis, vilmente asesinado en Barranquilla, en circunstancias confusas. Fácil resulta suponer que cuando en el Congreso estadounidense se discuta el TLC, no faltará el senador demócrata que reitere que en Colombia sigue siendo un lunar negro la inseguridad de los sindicalistas. A propósito, el presidente Uribe habría ofrecido que si lo de Noguera avanzaba adonde llegó, ofrecería excusas. ¿Qué estará esperando? Amanecerá y veremos.

martes, 5 de febrero de 2008

La disyuntiva hoy es buscar la paz con justicia social, o continuar en guerra con desigualdad social

Athemay Sterling
Rebelión

I

Siempre hemos afirmado que es la solución política al actual conflicto social y armado colombiano la real alternativa a los tambores de conflagración, guerrerismo y neoliberalismo que pretenden imponer con cuantiosos recursos de múltiple procedencia, abanderados por los medios comerciales de desinformación y misceláneos funcionarios estatales.

Los que patrocinan por la vía cruenta, dolorosa, militar y sangrienta la resolución del conflicto, es como si la guerra fuera su objetivo, o su probado camino para la dominación económica, política, social, cultural, educativa y hasta religiosa que siempre han impuesto, y seguramente pretenderán continuarla.

Es como si no nos bastara la tenaza que centenariamente ha sufrido el país, donde se ha combinado la barbarie autoritaria del Estado con la cruel explotación económica al pueblo y los trabajadores, quienes siempre han soportado en su existencia la catástrofe humanitaria y social que hoy los guerreristas propugnan agudizar.


II

Múltiples manifestaciones en pro de la paz, contra la guerra, en defensa de las víctimas del terrorismo para estatal, voces impulsoras de la solución política al conflicto colombiano, defensoras del intercambio humanitario entre todas las personas privadas de su libertad como consecuencia del conflicto social y armado colombiano, unas en poder de la insurgencia en selvas, montes y cordilleras sufriendo las inclemencias geográficas, climáticas y de inminentes rescates a sangre y fuego, y otras en poder del Estado hacinadas en penitenciarías, al igual que las extraditadas ilegalmente, son el acumulado social, popular, político y humanitario para la paz, para la justicia social y para que la convivencia ciudadana prime sobre el terrorismo de Estado, en el entendido que es el Estado el comprometido internacional y nacionalmente a la defensa, promoción, respeto y generador de condiciones favorables para que el ejercicio de los derechos, llámenlos humanos o fundamentales, sea real, y no sólo formal.

El CPDH, Andas, Juristas, Sindicatos, Partidos Políticos, Concejales, Parlamentarios nacionales y extranjeros, Diputados, Defensores de Derechos Humanos, lgtbs, Estudiantes, Campesinos, Negritudes, Indígenas, Mujeres, Artistas, Religiosos, centrales obreras, Educadores, Campesinos, Periodistas, Medios Alternativos de Comunicación, obreros, familiares de personas retenidas como consecuencia del conflicto, Demócratas, Intelectuales, las Víctimas del terrorismo para-estatal, el PCC y la UP víctimas del más cruel genocidio y terrorismo estatal conocido en la historia mundial, patriotas todas y todos, propugnan por la paz, la convivencia, la justicia social, la solución civilizada y política del conflicto colombiano.

Fuerzas populares a pesar de seguir siendo agredidas por los impulsores de la guerra, siguen en la búsqueda de una nueva Colombia, una nueva Patria, un nuevo País donde impere - en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Penal Internacional - la búsqueda de la verdad, donde coincida la verdad histórica con la judicial; se imponga la justicia internacional, pues la nacional no ha fructificado en evitar la impunidad; se repare integralmente a las víctimas sus familiares y a la sociedad recuperando su memoria, redimiendo y resaltando la imagen de ciudadanos y demócratas, se le restituya totalmente lo perdido, y se concreten medidas políticas, legislativas, administrativas y toda las estatales que sean necesarias, para evitar la repetición de todos los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad que aún siguen impunes.

III

No podrá imponerse la fatalidad de la guerra, pues la contradicción hoy no es entre terrorismo o beligerancia, la disyuntiva es buscar la paz con justicia social o continuar en guerra con desigualdad social.

Proseguir e impulsar la guerra es mantener o incrementar los 15 millones de desempleados absolutos, desatender los cerca de 7 millones de desplazados, desterrar en la práctica a millones los colombianos que obligatoriamente han tenido que buscar refugio político, humanitario y social en otros países.

Profundizar la guerra desde las instituciones del Estado es patentar el paseo de la muerte en beneficio del capital financiero y en detrimento del derecho humano y fundamental de la salud, donde las EPS y las IPS ya no solicitan al enfermo llevado a sus dependencias, sino al carné, como si el carné fuera el enfermo, eso si: carné pero al día en la cotización; es toda una tragedia nacional, que se impone con el impulso de la guerra desde el Estado, sus Instituciones, los guerreristas de dentro y fuera de él, empresarios, negociantes nacionales y extranjeros de municiones, pertrechos, vituallas de operación militares, uniformes, calzados, armas ligeras, pesadas y sofisticadas para más de medio millón de enrolados.

IV

¿Dónde está el compromiso internacional del Estado frente a toda la comunidad internacional?, Estado quien mediante todas y las respectivas Leyes Aprobatorias de esos Tratados Internacionales, se ha comprometido en el cumplimiento de ellos, y fundamentalmente de todos aquellos que versan sobre Derechos Humanos, independiente si hay o no conflicto, prescripción constitucional expresada en su numeral 93, pues ahí se afirma que prevalecen sobre toda normatividad del orden interno.

¿Dónde queda el compromiso convencional internacional del Estado Colombiano, sus Instituciones y sus funcionarios denominados servidores públicos que los incumplen?

¿Dónde queda la obligación Internacional y también Constitucional de aplicar prevalentemente los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que se han suscrito?
¿Y dónde puede quedar la prescripción constitucional colombiana afirmada en el artículo 22 que indica que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento?
Quienes hoy propugnan por la guerra, desde fuera y desde dentro del Estado y sus Instituciones no hacen más que incumplir Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, DIH y el Derecho Penal Internacional, y además agredir la propia Constitución Política que juraron defender y cumplir, y que en caso contrario la sociedad y la patria los demandaría, se afirmó en cada posesión de esos funcionarios.

La Historia y el Derecho Internacional tendrán entonces la palabra. Pues LA DISYUNTIVA HOY ES BUSCAR LA PAZ CON JUSTICIA SOCIAL, O CONTINUAR EN GUERRA CON DESIGUALDAD SOCIAL.
V

Ahora como se ha conocido que las Farc-Ep unilateralmente liberarán a los Parlamentarios Luis Eladio Pérez, Gloria Polanco de Losada y Orlando Beltrán Cuéllar como gesto humanitario para atender la facilitación del Presidente Venezolano Hugo Chávez, de la Senadora Piedad Córdoba y de los Países Amigos, se requiere coadyuvar en todo sentido las acciones que se requieran para que estos tres colombianos regresen a sus hogares, y es el Gobierno Nacional Colombiano quien en el marco del DIH y los Tratados y Convenciones Internacionales suscritas por el Estado Colombiano, y de los principios Constitucionales, deberá propiciar las medidas y procedimientos igualmente humanitarios para que la insurgencia de las Farc-EP los entregue a quienes ellas han designado recibirlos sanos y salvos.

* Athemay Sterling: Director Centro de Derechos Humanos Universidad Santiago de Cali, Abogado Defensor de Derechos Humanos, integrante del Equipo periodístico de VOZ, Subdirector CPDH y ANDAS Valle, constituyente de la Comisión de Impulso al Intercambio Humanitario, profesor Universitario, Director de Derecho Preventivo & Derechos Humanos, escritor, historiador y analista político, Ex Consejero Departamental y Asesor de Paz, conferencista nacional e internacional sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y Derecho Penal Internacional, sobreviviente del genocidio político cometido por el Estado contra el Partido Comunista Colombiano y la Unión Patriótica, Consultor de la Sección América de la Federación Sindical Mundial con sede en la Habana Cuba.